Aunque los gobiernos estatales garantizaron sus ingresos federales por concepto petrolero para que no reciban menos de lo que ahora tienen, al mismo tiempo fueron obligados por ley a canalizar parte de ese dinero a contener la inminente crisis por sus sistemas de pensiones y que, según estimaciones de especialistas, rebasa los 1.5 billones de pesos, tan sólo en burocracia y magisterio.